En el escrito, señalaron los prelados que “la acción de irrumpir en forma arbitraria y abusiva en las instalaciones del Arzobispado de Caracas, paralizando las actividades y servicios propios de éste, aunque no haya habido daños físicos a las personas o a las instalaciones, constituye un acto de violencia inaceptable, reñido con los postulados de un verdadero Estado de Derecho”.
Consideraron también el cardenal Urosa y los obispos auxiliares, que “actos como éste forman parte de la creciente escalada de violencia que sacude el país, y que el Gobierno Nacional está en el deber de evitar, ya que tiene la obligación constitucional de promover la convivencia y la paz social. A ello ayudaría decisivamente el cese de los ataques a la Iglesia por parte de altos personeros gubernamentales. De acuerdo con el contenido de las declaraciones emitidas por los tomistas del palacio arzobispal, pareciera que el control del orden público se le estaría escapando de las manos al Gobierno Nacional”.
De igual manera, invocaron el artículo 55 de la Constitución Nacional que nos rige conforme a que “Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado, a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes”, y “exigimos del Gobierno Nacional disponer lo conducente para que hechos como los que han motivado el presente comunicado no vuelvan a repetirse”.
Por último, “invocando sobre todos los caraqueños las bendiciones de Jesús Nazareno, Príncipe de la Paz, y la protección de Nuestra Señora de Coromoto, reiteramos nuestra disposición a favorecer el diálogo y la búsqueda de consensos, como la vía normal y democrática para afrontar las diferencias y buscar soluciones a los urgentes problemas que aquejan a nuestra querida Venezuela”.
Por Zaida D. Arias Molina
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