En el articulado de la ley se advierte que los ciudadanos que se nieguen a colaborar en las operaciones de inteligencia podrán ser enjuiciados por la Fiscalía.
Chávez, quien frecuentemente acusa a Washington de buscar derrocar su revolución socialista, dice que la ley es necesaria para proteger al país frente a las conspiraciones urdidas por Estados Unidos y para reforzar la seguridad nacional.
Sin embargo, muchas de las leyes aprobadas por Chávez nunca han sido aplicadas en sus más de nueve años de Gobierno y esta controvertida norma podría quedar finalmente sin aplicación.
Pero los críticos del líder izquierdista no quieren probar suerte y exigen al Ejecutivo que revoque el instrumento.
Grupos de Derechos Humanos, magistrados e incluso periodistas pro gobierno han expresado sus preocupaciones sobre que la nueva ley crearía una sociedad de espías, algo que el Gobierno niega tajantemente.
"Esto no se trata de (ser) ningún "soplón" (...). Aquí estamos hablando de la responsabilidad que tenemos todos los venezolanos con la seguridad del Estado y la resolución de cualquier crimen," dijo recientemente el ministro del Interior, Ramón Rodríguez Chacín.
La organización Human Rights Watch (HRW), con sede en Estados Unidos, advirtió que algunas cláusulas de la ley también obligarían a los trabajadores del sistema legal a ayudar a las agencias de inteligencia, lo que amenazaría la división de poderes en el país de 27 millones de habitantes.
Por Frank Jack Daniel
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